"Parece que la impartición de justicia mexicana es como un mercado ambulante en dónde se puede regatear la sentencias o hacer trueque según nos convenga". Por: Gabriel Infante Carrillo
En semanas recientes con la visita del primer mandatario francés, Nicolas Sarkozy a México, molestó a muchos cuando éste afirmó que Francia haría uso del tratado de Estrasburgo, firmado entre ambas naciones, para que Florence Cassez pudiera ser trasladada a una prisión francesa y cumplir su condena en el país galo. En primera instancia el presidente Calderón declaró que no descartaba dicha posibilidad, sin embargo, tras las presiones de rechazo por parte de las organizaciones civiles que defienden a víctimas del secuestro, toda la clase política coincidió con la postura de que la ciudadana francesa debe quedarse en el país, argumentando que en México es un país de leyes y estas están hechas para cumplirse.
Otro incidente que ocurrió recientemente fue la controversial declaración del cantautor franco – español, Manu Chao, al declarar en conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que lo ocurrido en San Salvador Atenco era de cierta forma ‘Terrorismo de Estado’. Al día siguiente se difundió en los medios de comunicación que la Secretaría de Gobernación habría iniciado una investigación sobre la calidad migratoria del artista y lo más seguro sería expulsado del país, ya que el artículo 33 de la constitución mexicana establece que los extranjero están prohibidos entrometerse en asuntos de política interna, por lo que el gobierno tiene el derecho exclusivo de hacer que estos salgan del país, sin juicio previó. Sin embargo, a finales de la semana, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa en donde rechaza categóricamente que se le haya iniciado una investigación al cantante y que jamás consideraron expulsarlo del país.
A diferencia del caso de Florence Cassez, ahí si cumplen la ley a cabalidad, aún cuando Francia tiene derecho a reclamar a su conciudadana, haya hecho lo que haya hecho, bajo los estatutos de un tratado internacional acordados por ambos países y ratificado por el congreso mexicano apenas el año pasado. Cuando en el caso de Manu Chao era más claro que el agua, debía ser expulsado del país, pues así lo dispone la constitución mexicana, aunque en lo personal no este de acuerdo con el artículo 33, pues me parece retrograda, y no corresponde con los tiempos en los que vivimos.
Según me da entender mi lógica, en el caso de Florence Cassez, en estos momentos de ninguna manera le conviene al gobierno federal ceder ante las peticiones ‘legítimas’ del gobierno francés de que les entregue a ésta, pues en pleno año electoral esto podría significar un revés para su gobierno y para su guerra contra el crimen organizado y ante todo mostraría debilidad ante la susceptible ciudadanía en torno a la inseguridad que priva el país. Sin embargo, en el caso de Manu Chao, me da la sensación de que cedieron ante las críticas de la prensa, pues una de estas, la periodistas Denise Maeker comparó dicha acción con las del presidente venezolano, Hugo Chávez, y esto, para el actual gobierno de derecha puede significar como un insulto.
Otro caso donde la ley es ignorada por completo es la nueva ley electoral y el ente encargado de velar su cumplimento, el Instituto Federal Electoral (IFE) parece que prefiere quedar bien con los concesionarios que cumplir la ley. Desde que inicio las pre- campañas, las dos televisoras más grandes del país sistemáticamente están violando la ley electoral. En un principio el IFE aseguró que sancionarían a Televisa y TV Azteca, por difundir los spots en bloques y con una cortinilla que advertía de que era por disposición del Copife y por el IFE, Al final les concedieron el perdón, alegando que ambas firmaron un “acuerdo de voluntades”, asegurando que iban a cumplir la ley cabalmente. Luego multó a Televisa con 2 millones 250,000 pesos y TV Azteca con 2 millones por omitir promocionales de partidos políticos los días 7 y 8 de febrero. Por otro lado el IFE acaba de sancionar al Partido Verde Ecologista de México por un monto de 9. 5 millones de pesos por promocionarse mediante informes de labores en Televisa y TV Azteca, pagados con recursos privados con fines electorales, por lo que la ley lo prohíbe. A pesar de esto, el PVEM no ha retirado sus promocionales, ni las televisoras están cumpliendo a cabalidad la ley.
Lo anterior es una muestra clara que en este país la ley se aplica a conveniencia ¿eso le podemos llamar un país con estado de derecho? como nuestros gobernantes pretende hacernos creer. Sin embargo, mucha de la culpa la tiene la misma sociedad mexicana, pues ¡cómo nos cuesta trabajo seguir con las normas! Parece que la impartición de justicia mexicana es como un mercado ambulante en dónde se puede regatear la sentencias o hacer trueque según nos convenga. Algo que aprendí muy bien de la educación pública estadounidense es “follow directions”, es algo que nos hace falta aprender y eliminar de nuestra idiosincrasia “el que no tranza no avanza”.
Esta prohibida su publicación de forma total o parcial de cualquier forma o medio sin prevía autorización de su autor. D.R EquisY: Los ejes de la información 2009
Denise Maeker, equisy, Estado derecho, Florence Cassez, Gabriel Infante Carrillo, Hugo Chávez, IFE, justicia, Ley, Manu Chao, Nicolas Sarkozy, PVEM, reforma electoral, spots, Televisa, Azteca
Comentarios