“En un Estado de derecho, nunca se pondría en duda los testimonios de las víctimas ni las sentencias impuestas por un juez, sin embargo, en México, esto no ocurre así”.Por: Gabriel Infante Carrillo
Tras la visita oficial del presidente Nicolas Sarkozy se generó la polémica, tras su declaración que Francia recurrirá al tratado de Estrasburgo, firmado entre México y Francia, para que Florence Cassez, pueda ser extraditada y cumpla su sentencia en una prisión francesa. Sin embargo, dentro del mismo tratado cabe la posibilidad que la justicia francesa pueda reducir la condena de 60 años e incluso concederle el perdón, por lo que generó la inconformidad en varios sectores de la sociedad mexicana, entre ellas las organizaciones ciudadanas, que luchan contra la inseguridad y el secuestro. Lo que debemos preguntarnos ¿por qué México firman acuerdos y los ratifican, y a la mera hora resultan desventajosos para el país? Ahora bien, dejando a un lado los acuerdos internacionales, el Congreso aprobó el año pasado la reforma al sistema penal, que establece que “todo extranjero con delitos en México está en su derecho de pedir su traslado a su país de origen”. Se le ha criticado al presidente Sarkozy, que vino a México sólo para interceder y defender a una “delincuente” por ser su conciudadana. Cabe señalar, que México también ha intercedido por ciudadanos mexicanos que han cometido delitos en Estados Unidos para que se les reduzca la pena, en especial aquellos que son condenados a la pena capital.
Desafortunadamente, en estos momentos el caso de Florence Cassez, se politizó, ya que en México se encuentra en medio del proceso de las elecciones intermedias que se celebrarán en el mes de junio, por lo que la postura de los políticos será la oposición para que sea extraditada, aprovechando la susceptibilidad de la sociedad entorno al tema de la inseguridad y el secuestro.
En mi anterior columna de opinión señalé dos casos de secuestro, en la que se vieron involucrados el hoy Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y agentes de la Agencia Federal de Investigaciones. Aquí profundizaré un poco más de cómo las instituciones encargadas de proteger a la sociedad cometen actos criminales y que hacen aparentar que están trabajando en pro de la seguridad de la ciudadanía.
La carta enviada por Cristina Ríos Valladares al presidente Felipe Calderón, previó a la llegada del presidente Nicolas Sarkozy, y que fue reproducido en varios medios impresos en México, donde narra su secuestro e identifica plenamente a Israel Vallarta y a la ciudadana francesa. Sin embargo, en entrevista en Radio Fórmula, el abogado defensor de Florence Cassez en México, Agustín Acosta, señaló que existen contradicciones en su testimonio, sobre todo en los cambios radicales entorno a la identificación de Cassez, ya que sus primeros testimonios ministeriales no la reconoce ni por el rostro ni por la voz, pero tres meses después su testimonio dio un giro radical. Otra irregularidad que le parece inquietante, es que no la detuvieron en el rancho Las Chinitas, donde se llevo acabo el “espectacular” rescate y detención, sino en la carretera, y los agentes en lugar de ponerla a disposición del Ministerio Público, la tuvieron 24 horas incomunicada, hasta que llegaron las cámaras de televisión.
En un Estado de derecho, nunca se pondría en duda los testimonios de las víctimas ni las sentencias impuestas por un juez, sin embargo, en México, esto no ocurre así. A continuación me tomé la libertad de citar textualmente unos párrafos del libro “Los cómplices del presidente” de la periodista Anabel Hernández —Premio Nacional de Periodismo 2002— para demostrar mi punto.
“El 4 de agosto de 2005 la Agencia Federal de Investigaciones detuvo a la banda de los Bayardo, quienes supuestamente también declararon que habían secuestrado a las hermanas de Thalía. Laura fue a la casa donde detuvieron a los secuestradores acompañada por el director de la AFI, Genaro García Luna, y la dirigente de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, una incondicional de García Luna.
Ese día García Luna montó su sketch. No por nada se ha ganado el mote del Guionista. La casa fue abierta a los medios de comunicación y se permitió a los reporteros tocar y hurgar en las pertenencias de los presuntos secuestradores. La actriz Laura Zapata dijo que reconocía plenamente la casa.
—Yo lo único que supe después del asunto es que Ernestina Sodi iba a mi consejo, era una mujer muy sencilla y agradable, y un día me dijo que había sido citada junto con su hermana para identificar al hijo de Bayardo, Alberto Bayardo, y ella no lo identificó, no lo había visto, ni lo reconoció la voz, ni reconoció la casa adonde la llevaron. Entonces [dijo que] recibió una presión brutal de la AFI para que reconociera al hijo de Bayardo como uno de sus secuestradores. Y que inclusive se había molestado con su hermana por doblegarse ante la presión y haber reconocido a Bayardo como uno de sus secuestradores—manifiesta el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.
“[Laura] lo hizo sin estar segura, por la presión que ejercieron los del AFI en contra de las dos para que lo involucraran en su secuestro.
“Ernestina me contó: ‘Me llevaron a una diligencia para que identificara al hijo de Bayardo, a un domicilio donde me tenían secuestrada, y no lo identifiqué, y hasta tuve fricciones con ellos, porque a fuerzas me presionaron. Lo que más me enojó fue que mi hermana Laura sí aceptó la cuestión, porque le dio miedo’. […]” Fuente: pg 216-217 del libro “Los cómplices del presidente” Hernández, Anabel; Ed. Random House Mandadori, S.A de C.V.,México 2008.
Creo que lo anterior nos deja mucho que pensar sobre como se imparte la justicia en México. Sólo quiero dejar muy en claro, que yo no estoy afirmando que Florence Cassez sea inocente o culpable, a mí no me corresponde decirlo. Tampoco dudo que Cristina Ríos Valladares y las demás victimas vivieron un infierno durante su cautiverio. Conozco testimonios de viva voz de familiares de victimas secuestradas y asesinadas, y comprendo el dolor y la impotencia que sienten al no saber nada sobre su ser querido y que las autoridades muestren desinterés y además sean incompetentes. Lo que expongo aquí, es una prueba de que éste tipo de cosas sí están ocurriendo en el país, y que existe la posibilidad de que las autoridades comentan injusticias de forma involuntaria o voluntaria, y que justos paguen por pecadores.¿Quién nos garantiza que la autoridad nos esta diciendo la verdad?
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