Título original: Much Ado About Nothing On Mexican Human RightsOrganizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos alertan que la situación en este tema en México es extremadamente critica, pero para las autoridades de gobierno y para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no parece que les quite el sueño.
México fue condenada nuevamente por Amnistía Internacional es su informe anual 2008, debido a que “continuaron siendo generalizado, y en algunos estados, sistemáticas las violaciones a los derechos humanos. El informe también afirma que la mayoría de los responsables continúan evadiendo la justicia; fuerza policíaca excesiva para dispersar a los manifestantes, y en varias ocasiones hiriendo numerosos manifestantes; los abusos de los derechos humanos en el Estado de Oaxaca siguen siendo reportados; personal militar haciendo tareas policíacas mataron a varias personas y cometieron otras violaciones graves a los derechos humanos; periodistas y activistas de derechos humanos asesinados y otros amenazados, autoridades en diferentes puntos del país han hecho uso indebido del sistema judicial para que activistas políticos y sociales fueran objetos de procesos injustos; comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, tales como migrantes, continúen enfrentado discriminación, debido a la falta de acceso a los servicios básicos y a la inexistente y legítima consulta sobre los proyectos de desarrollo, la cual han agravado la inequidad que dieron lugar a conflictos; violencia generalizada contra la mujer continúan y muchas de las víctimas se les ha negado acceso efectivo a la justicia.
La reacción del gobierno hacia el informe de Amnistía Internacional no fue una sorpresa, al menos para mí, el Procurador General de Justicia, Eduardo Medina Mora, salió a los medios de comunicación para declarar simplemente “es muy aventurado decir que en México se violan los derechos humanos”. La actitud del gobierno federal sobre este tema es muy similar a la de la CNDH, que constantemente niega y desacredita los informes y recomendaciones de prestigiosas ONG’s, tales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU.
La hipocresía del gobierno mexicano firmando acuerdos internacionales sobre los derechos humanos y como señala el economista, sociólogo y columnista, Jorge Zepeda Patterson: “con la confianza de violar sus compromisos dentro de sus fronteras, aunque tenga la necesidad de presionar para expulsar del país a funcionarios de organismos internacionales que muestran la incongruencias de las acciones del gobierno mexicano”, y evidencia de esto fue el caso de Amerigo Incalcaterra, quién fue el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidad en México, quién fue expulsado del país. De acuerdo con versiones, la expulsión del Sr. Incalcaterra se debió a presuntas presiones del gobierno del Presidente Calderón, como resultado de sus criticas sobre el uso del ejército en la lucha contra el crimen organizado, al igual que sus oportunos señalamientos de las violaciones a los derechos humanos, y desde su llegada al país en octubre de 2005, fue un fuerte critico del gobierno federal por sus omisiones y errores en asuntos de derechos humanos.
Édgar Cortez, miembro, de la “Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos: Derechos para Todas y Todos” coincide con Jorge Zepeda Patterson, al decir que “ Tristemente este es el perfil del gobierno quien ha descuidado los derechos humanos y mantiene un discurso y trabaja en foros internacionales muy a favor, pero en el lado domestico es todo lo contrario e incluso contribuye a su agravamiento”. (Proceso # 1647)
Por su parte, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, parece que tuvo un papel decisivo en esta acción, al declarar que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México fue expulsado del país, después que “intento” quedarse con los fondos de la Iniciativa Mérida. La acusación de Soberanes, como señala Jorge Zepeda Patterson en su columna de opinión del primero de junio de 2008 y publicada en el diario “El Universal”, parece más como una reacción desesperada y con el deseo de justificarse, después de que se dio a conocer que fue él quién pidió al gobierno que le quitarán de encima a este funcionario de la ONU, quién ha puesto en evidencia la ineficacia, por no decir la complicidad de la CNDH ante las violaciones a los derechos humanos.
Jorge Zepeda Patterson, también señala, que parece haber un pacto entre Soberanes y la Secretaría de Gobernación. El objetivo de este, es que la CNDH ignorará las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el ejército mexicano a cambio de que la Secretaria de Gobernación minimice e invalide los informes de las ONGs internacionales que señalan la ineficacia de la CNDH. Este pacto parece que se echo andar desde el caso de Ernestina Acesncio Rosario, indígena asesinada por miembros del ejército mexicano en la Sierra de Zongolica en el estado de Veracruz, cuando la posición de la CNDH dio un cambio radical y poco tiempo después el caso fue cerrado.
El director ejecutivo de Human Right Watch, Keneth Roth, exigió al presidente Felipe Calderón y a su gobierno, en una carta, que aclaren a la opinión pública, cuales fueron las circunstancia que llevó a que el Señor Incalcaterra dejará el país. En esa carta también plantea que “cualquier intervención del gobierno mexicano en el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México representaría una regresión alarmante a la política exterior que se ha desarrollado en el año 2000”. Sólo agregaría a este planteamiento lo siguiente: no solo representaría una regresión a la política exterior, sino también a la calidad de la incipiente democracia mexicana, que tanto el ex presidente Vicente Fox presumía a la sociedad mexicana y al mundo.
Desapariciones forzadas y tortura en el gobierno calderonista
En 1968 con el movimiento estudiantil, la sociedad mexicana tuvo un vistazo del régimen totalitario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de las atrocidades cometidas por el ejército mexicano y los “Halcones”, un grupo civil bien capacitados para matar y torturar, y que está bien documentado en el libro titulado “La Noche de Tlatelolco” de la escritora mexicana con descendencia polaca Elena Poniatowska. El título hace referencia a la noche de la masacre estudiantil el primero de octubre de ese mismo año en la “Plaza de Las Tres Culturas” en la colonia de Tlatelolco en la Ciudad de México. Este tipo de practicas continuaron en la década de los setentas con la llamada “Guerra Sucia” donde los prisioneros políticos eran torturados, asesinados y desparecidos; estos crímenes siguen impunes; Amnistía internacional también señala esto en su informe anual.
La sociedad mexicana pensaba que ya había superado estas practicas y que fue dejado en nuestro oscuro pasado, pero parece que estas practicas inhumanas y anti-democráticas regresaron, pero ahora en las manos de un gobierno que viene de un partido político que luchó contra estas prácticas priístas, que gobernó por más de siete décadas.
En el tiempo que lleva la administración del presidente Calderón, resurgió la tortura y las desapariciones con la llamada “guerra contra el crimen organizado” una acción implementada para combatir los carteles de droga. Para Édgar Cortez, miembro de la “Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos: Derechos para Todas y Todos” una organización mexicana de Derechos Humanos, declaró en el semanario “Proceso”, publicado el 25 de mayo de 2008, que este es muy serio porqué significa el regreso de crímenes de ilesa humanidad. Un ejempo de esto es el caso de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Cruz Sánchez, presuntamente miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo insurgente, quiénes desaparecieron el 25 de mayo del 2007. Édgar Cortez también señala que las violaciones a los derechos humanos que se presentan más frecuentes son las agresiones contra los periodistas. De acuerdo con información de la CNDH, el año pasado fueron asesinados cuatro periodistas y tres más fueron reportados como desaparecidos. Desde la llegada al poder del Partido Acción Nacional (PAN) en el 2000, treinta y cinco periodistas fueron ejecutados y otros seis están desparecidos. Ninguno de estos casos han sido aclarados.
Desde que la guerra contra el crimen organizado inició, se estima que más de 25 mil soldados y agentes federales fueron desplegados en puntos estratégicos del país para luchar contra los cárteles de droga. El desempeño del ejército ha sido criticada por los asesinatos de civiles en los retenes y por la violación de mujeres en algunas de sus operaciones militares. Por ejemplo, el 2 de mayo de 2007, en una operación militar en Nocupétaro, Michoacán, cuatro adolescentes quiénes trabajaban en un bar, fueron secuestrados, drogados y violados en la base militar de la Zona Militar XX1.
El primero de Junio de 2007 en el poblado La Joya, municipalidad de Sinaloa de Leyva , un grupo de soldados dispararon fuego contra una camioneta familiar, el resultado de esto fue de cinco personas muertas, y entre las víctimas había dos niños y tres más fueron heridas; 19 soldados están procesados por este suceso. Dos días después, en una carretera que va de Mier a Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, soldados del reten dispararon contra un vehiculo que no atendió la indicación de alto. En el incidente muere Héctor Adrián Salazar Hernández de 27 años.
Casos como estos hay miles, sería difícil mencionar todos en este artículo, es por eso que seguiré con esta serie de artículos en las próximas semanas. En el próximo artículo profundizare con mayor detalle sobre las desapariciones forzadas.
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Amnestia Internacional, CNDH, Derechos Humanos, equisy, Felipe Calderón, Human Rights Watch, José Luis Soberanes, Mexico
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