¿Demandar al gobierno colombiano por muertes de mexicanos?Por: Gabriel Infante Carrillo
Los familiares de los estudiantes mexicanos que fallecieron tras el ataque contra el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y que perdió la vida el número dos de ese grupo guerrillero, anunciaron que van a demandar al gobierno colombiano ante instancias internacionales aduciendo que en la acción fueron alcanzados civiles que se encontraban ahí por razones de estudio. Este argumento se me hace, en mi particular punto de vista, poco sustentable. Sea cual sea las razones por las que estaban ahí, el simple hecho de ingresar en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no sólo implica adentrase a una guerra sino también se vuelven en un blanco para el ejército colombiano; en una guerra no existe excepciones. Por lo tanto, quisiera pensar que estos jóvenes sabían el riesgo que implicaba estar ahí y que no sólo se dejaron llevar por sus pasiones idealistas.
Hasta el momento sólo conocemos los antecedentes de la sobreviviente Lucía Andrea Morett Álvarez y de Juan González del Castillo, estudiante de la Facultad de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y que falleció durante el ataque. Éste último perteneció al Núcleo Mexicano de Apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como afirmó su padre, Álvaro González y como lo constata el video de una entrevista que le realizó el periódico Reforma en 2004, durante una manifestación contra la Guerra de Irak, afuera de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, donde Juan González del Castillo reconoce su apoyo al grupo guerrillero y anunció en aquella ocasión una campaña de solidaridad con el comandante Simón Trinidad —considerado el “cerebro financiero” de las FARC—, y extraditado a Estados Unidos junto con Ricardo González, miembro de la Comisión Internacional del grupo Armado.
En el caso de Lucía Andrea Morett, sabemos que concluyó sus estudios en Filosofía y Letras en el segundo semestre del 2005, pero aún no se ha titulado por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México aún la consideran como estudiante. Ella junto a otros compañeros de la facultad formaron un grupo en el que se reunían para analizar y discutir sobre diversos temas, que se denomino como Cátedra Libertador Simón Bolívar, que originalmente se llamaba Movimiento en apoyo al pueblo colombiano, afirmó la Dra. Tania Sule Fernández, Secretaria General de Filosofía y Letras de la UNAM al periódico El Universal. Asimismo conocidos de Lucia afirmaron que no estaba sola en Ecuador y que habría viajado entre enero y finales del año pasado al Congreso Bolivariano y que de ahí compañeros de la cátedra iban y venían al campamento de las FARC, según afirman algunos que ya regresaron a México y por temor a ser detenidos no dan la cara, informó el mismo diario.
Con estos antecedentes podemos apreciar que estos jóvenes tenían vínculos más estrechos con el grupo guerrillero, pues no me explico como personas ajenas a esta organización tenían acceso a los campamentos, cada vez que se les antojaba caerles de visita, por lo que coincido con la declaración del ministro de defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, al decir que “no precisamente eran unos angelitos”.
Por su parte, los padres de los fallecidos exigen que el gobierno mexicano condene la muerte de sus hijos, que consideran un crimen por parte del presidente Uribe, pero ¿quién condena los crímenes cometidos por este grupo guerrillero y el sufrimiento que ha causado al pueblo colombiano a lo largo de 40 años. Comprendo la pena que les embarga a los familiares, sin embargo, sus hijos estaban conviviendo con un grupo criminal y que es considerado a nivel internacional como una organización terrorista, por lo tanto fueron ellos los que expusieron sus vida. Con estos antecedentes, insisto ¿qué argumento tienen los familiares para demandar al gobierno colombiano?
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Los familiares de los estudiantes mexicanos que fallecieron tras el ataque contra el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y que perdió la vida el número dos de ese grupo guerrillero, anunciaron que van a demandar al gobierno colombiano ante instancias internacionales aduciendo que en la acción fueron alcanzados civiles que se encontraban ahí por razones de estudio. Este argumento se me hace, en mi particular punto de vista, poco sustentable. Sea cual sea las razones por las que estaban ahí, el simple hecho de ingresar en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no sólo implica adentrase a una guerra sino también se vuelven en un blanco para el ejército colombiano; en una guerra no existe excepciones. Por lo tanto, quisiera pensar que estos jóvenes sabían el riesgo que implicaba estar ahí y que no sólo se dejaron llevar por sus pasiones idealistas.
Hasta el momento sólo conocemos los antecedentes de la sobreviviente Lucía Andrea Morett Álvarez y de Juan González del Castillo, estudiante de la Facultad de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y que falleció durante el ataque. Éste último perteneció al Núcleo Mexicano de Apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como afirmó su padre, Álvaro González y como lo constata el video de una entrevista que le realizó el periódico Reforma en 2004, durante una manifestación contra la Guerra de Irak, afuera de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, donde Juan González del Castillo reconoce su apoyo al grupo guerrillero y anunció en aquella ocasión una campaña de solidaridad con el comandante Simón Trinidad —considerado el “cerebro financiero” de las FARC—, y extraditado a Estados Unidos junto con Ricardo González, miembro de la Comisión Internacional del grupo Armado.
En el caso de Lucía Andrea Morett, sabemos que concluyó sus estudios en Filosofía y Letras en el segundo semestre del 2005, pero aún no se ha titulado por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México aún la consideran como estudiante. Ella junto a otros compañeros de la facultad formaron un grupo en el que se reunían para analizar y discutir sobre diversos temas, que se denomino como Cátedra Libertador Simón Bolívar, que originalmente se llamaba Movimiento en apoyo al pueblo colombiano, afirmó la Dra. Tania Sule Fernández, Secretaria General de Filosofía y Letras de la UNAM al periódico El Universal. Asimismo conocidos de Lucia afirmaron que no estaba sola en Ecuador y que habría viajado entre enero y finales del año pasado al Congreso Bolivariano y que de ahí compañeros de la cátedra iban y venían al campamento de las FARC, según afirman algunos que ya regresaron a México y por temor a ser detenidos no dan la cara, informó el mismo diario.
Con estos antecedentes podemos apreciar que estos jóvenes tenían vínculos más estrechos con el grupo guerrillero, pues no me explico como personas ajenas a esta organización tenían acceso a los campamentos, cada vez que se les antojaba caerles de visita, por lo que coincido con la declaración del ministro de defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, al decir que “no precisamente eran unos angelitos”.
Por su parte, los padres de los fallecidos exigen que el gobierno mexicano condene la muerte de sus hijos, que consideran un crimen por parte del presidente Uribe, pero ¿quién condena los crímenes cometidos por este grupo guerrillero y el sufrimiento que ha causado al pueblo colombiano a lo largo de 40 años. Comprendo la pena que les embarga a los familiares, sin embargo, sus hijos estaban conviviendo con un grupo criminal y que es considerado a nivel internacional como una organización terrorista, por lo tanto fueron ellos los que expusieron sus vida. Con estos antecedentes, insisto ¿qué argumento tienen los familiares para demandar al gobierno colombiano?
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