Sigue México como el país más mortífero para el periodismo

Por: Gabriel Infante Carrillo

Llegó el mes de febrero y con ello el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras, en la que hace un balance de la situación de la libertad de prensa en 98 países, entre la cual se encuentra nuestro país, cuya calificación no es favorable y que era de esperarse, debido que el informe pasado nos ubicábamos en el penúltimo lugar, seguido por Cuba, por lo que ostentamos el deshonroso título como el país más “letal” de la región para el ejercicio periodístico.

La organización francesa no gubernamental, señala en su informe como positivo la ley de despenalización a nivel federal de los delitos de “calumnias”, “injuria” y “difamación”, promulgada el 12 de abril de 2007. Sin embargo, ésta no se ha reflejado en los hechos, pues con dos muertos y tres desapariciones de periodistas, y el asesinato de tres colaboradores de medios de comunicación y con el compromiso de algunas autoridades con el crimen organizado, por lo que la ONG francesa no ve con optimismo de que la situación mejore, por lo que México se sigue considerando el país más peligros del continente para los informadores.

El pasado viernes, durante el Informe de Actividades Anual 2007, el presidente Felipe Calderón hizo mención sobre la situación que viven los profesionales de la comunicación en el país, en la que aseguró que hoy en día los que comenten los delitos en contra de la libertad de expresión son fundamentalmente las organizaciones criminales. No hay ninguna duda de esto, pues el informe de RSF, da cuenta que la mayoría de los crímenes cometidos contra periodistas y medios de comunicación son llevados acabo por organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Tres de las víctimas más recientes de estos grupos criminales son Amado Ramírez de Televisa, asesinado el 6 de abril de 2007 en el puerto de Acapulco; Saúl Ortega, director de la revista Interdiario y periodista del diario sonorense “Agua Prieta”, desparecido y luego encontrado muerto el 23 de abril en el Estado de Chihuahua; y Gerardo Israel García Pimentel, del diario michoacano “La Opinión”, asesinado el 8 de diciembre de 2007. Estos tres informadores estaban dando seguimiento al tema del narcotráfico y a la guerra contra el crimen organizado que emprendió el presidente Calderón al inicio de su gobierno. Asimismo, el informe señala el nulo avance para el esclarecimiento de estos asesinatos y de otros periodistas caídos en años anteriores.

El discurso de Calderón en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me deja con la sensación de que el gobierno federal se quiere deslindar de cualquier responsabilidad sobre los abusos y agresiones cometidos contra periodistas por parte de las autoridades, pues en los últimos meses hemos visto algunas situaciones de censura y hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación, sobre todo a finales del sexenio de Vicente Fox, contra el semanario Proceso y Grupo Monitor, este último incluso recibió un mensaje por parte del equipo de Felipe Calderón, aún sin ser gobierno, de que estaban castigados y “que dependiendo de su conducta el presidente Calderón los recibiría (o no) para negociar un arreglo”, según el periodista José Gutiérrez Vivó.

Regresando al informe de RSF, éste también destaca la decepcionante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al exonerar definitivamente al Gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, de cualquier implicación en la arbitraria detención de la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005, a pesar de las evidencias que se dieron a conocer a la opinión pública en el espacio radiofónico de Carmen Aristeguí en W Radio, al considerar que esas evidencias no tenían “valor probatorio”.

El hecho más reciente de censura fue la salida de Carmen Aristegui de W Radio, el 4 de enero, al rescindirle el contrato alegando que ya no encajaba con el “modelo editorial” del grupo mediático español, Grupo Prisa, operador de Televisa Radio.

Para concluir, las inquietudes de Reporteros Sin Fronteras son muy válidas, ya que no se ve que las autoridades realmente combatan dichas agresiones y lleguen al fondo para esclarecer dichos delitos y condenen con todo el peso de la ley a los autores de estos crímenes y den con el paradero de los periodistas desaparecidos, pero también que no se quede impune delitos cometidos por funcionarios públicos como el Gobernador de Puebla, Mario Marín contra la periodista Lydia Cacho. Mientras que el gobierno y las autoridades correspondiente no resuelva esto, no pueden decirle al mundo que México es un país democrático y libre.