Por: Gabriel Infante CarrilloA pocos días de haber iniciado su gobierno, el presidente Felipe Calderón, anunció una ofensiva contra el crimen organizado, en la que desplegó un número importante de efectivos militares a las entidades estratégicas dónde operan los principales carteles del narcotráfico, que son Michoacán, Guerrero, Tijuana, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Sin embargo, dicha acción, lo único que trajo fue un incremento de la violencia en el país. Para darnos una idea de esto, para el 27 de julio de 2007, ya se contabilizaba 1,456 ejecuciones, según un documento de la PGR fechado el 29 de ese mismo mes, y para el final del año se totalizaron 3,060 ejecuciones, lo que se traduce que en el país se registró en promedio 8.3 ejecuciones por día. En esta ofensiva, perdieron la vida 197 militares, marinos y policías de los tres niveles: municipales, estatales y federales, según datos publicado en el diario El Mexicano de Ciudad Juárez. Hay que destacar, que las narcoejecuciones se extendieron hasta la Ciudad de México, al encontrarse en diciembre de 2006 los primeros decapitados, ya que en los últimos dos años sólo se registraban en los estados de Michoacán, Baja California Norte, Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas. En este 2008, tal parece que esta cifra seguirá en aumento, pues lo que va del año, se han contabilizado, hasta el 18 de enero, 164 ejecuciones, según cifra publicada al día siguiente en el diario Reforma.
Lo anterior es una muestra clara de la voluntad que tiene el gobierno actual, combinado con la inexperiencia, incapacidad y la falta de planeación por parte de éste, ante un aparato criminal tan poderoso, y que gracias a los anteriores gobiernos dejaron que éste creciera. Quizá la falta de planeación se haya debido a la necesidad inmediata de acabar por legitimar a Calderón, tras las elecciones del 2006.
Soy de los que cree que esta batalla no se va ganar con una guerra frontal como la que implementó el presidente Calderón, sino que tiene que ser una batalla que debe combatirse de forma discreta y basada en la inteligencia policíaca, en la que tienen que participar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de lo contrario las ejecuciones seguirán al orden del día. Ya han transcurrido 413 días desde que el gobierno calderonista inicio esta batalla que no ha dado resultado, por lo que creo que es prudente y sabio cambiar de estrategia.
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