La libertad de expresión en México

Por: Gabriel Infante Carrillo

La aprobación de la Reforma Electoral, género polémica e inconformidad por parte de los medios de comunicación, pues éstas ya no podrán sacar jugosas ganancias en tiempos electorales, ya que la reforma contempla que los partidos políticos tienen prohibido contratar tiempo aire para la difusión de propaganda política, pues éstas se hará durante los tiempos oficiales, es decir en tiempos que la ley establece que los concesionarios tienen que ceder su señal al estado de forma gratuita. Asimismo se prohíbe que personas físicas como morales contraten espacios en los medios de comunicación para hacer proselitismo a favor o en contra de un candidato. Sin embargo, los concesionarios, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y el Consejo Coordinador Empresarial han hecho una fuerte campaña en contra de la reforma, pues consideran que ésta atenta contra la libertad de expresión. Ellos argumentan que los periodistas, analista y comunicadores en general no podrán hablar, criticar o cuestionar a los candidatos dentro de los espacios informativos o en sus barras de análisis. Dicho argumento carece de sustento, ya que la ley sólo establece la contratación para la difusión de propaganda política, por lo que los comunicadores y la sociedad en general tienen garantizada este derecho constitucional, pues en ninguna parte de la reforma establece que este prohibido hablar y opinar en espacios privados y públicos; contrario a lo que sucedió en Irán durante el régimen del Sha (monarca) Mohammed Reza Pahavi, en donde todo aquél que expresará o diera entender su desagrado contra el monarca, eran detenidos, torturados e incluso desaparecidos por la Savak (policía secreta). También hay que subrayar, que la antigua ley electoral ya contemplaba que la contratación de tiempo aire para la difusión de propaganda política era exclusivo de los partidos ¿entonces por qué tanto escándalo?

Todo esta campaña y espectáculo mediático que montaron los grandes consorcios de medios de comunicación, en “pro de la libertad de expresión”, en realidad fue para defender los intereses y beneficios económicos de los concesionarios. En el caso del Consejo Coordinador Empresarial, pues ya no podrán hacer su campaña negativa, que les funcionó tan bien en la pasada elección presidencial.

La libertad de expresión en México siempre ha sido cuestionada y pisoteada, sólo basta darle un vistazo al último informe anual de la organización francesa no gubernamental, Reporteros Sin Frontera, sobre el índice de libertad de prensa de 169 países. La clasificación de México es alarmante, pues éste se ubica en el puesto 136, y a nivel latinoamérica se encuentra en el penúltimo lugar seguido por Cuba.

Lo anterior es el resultado de lo ocurrido en el 2006, con nueve asesinatos y tres desapariciones de periodistas por parte del crimen organizado relacionado con el narcotráfico en la frontera norte; el conflicto social en el estado de Oaxaca con el asesinato del camarógrafo estadounidense Brad Will, de la agencia independiente Indymedia y de Raúl Marcial Pérez, editorialista del diario el Gráfico; cuatro atentados contra el diario yucateco ¡Por esto!; agresiones y abusos sexuales contra tres periodistas extranjeras en San Salvador Atenco y el asesinato del ex director del periódico Excelsior, José Manuel Sánchez Nava, que acababa de publicar un libro en el que criticaba la actitud del gobierno de Vicente Fox en la compra del periódico.

El 2007, tampoco fue un bueno año para la libertad de expresión, especialmente el segundo semestre, empezando por el cierre temporal de Radio Monitor el 29 de junio, debido a la falta de publicidad provocada por el gobierno del ex mandatario Vicente Fox y por el conflicto con Grupo Radio Centro; la censura por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) el ensayo “Los limites de la transparencia: el caso de las boletas electorales”, de John M. Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la decepcionante resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el caso Lydia Cacho, que exoneró al gobernador de Puebla, Mario Marín, al concluir que las violaciones a las garantías individuales de la periodista “no fueron tan graves”, a pesar de las contundentes evidencias; y los intentos de censura del documental de Luis Mandoki, “Fraude México 2006”.

Lo anterior no se dan a conocer en aquellos medios de comunicación que se enfrentaron a los senadores a reclamarles que sí aprobaban la reforma electoral atentaban con la libertad de expresión; es evidente que no tienen el menor interés en defender ese derecho constitucional y apoyar aquellos medios siendo agraviados por el simple hecho de informar con la verdad. Y que decir de la penosa actuación de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, que desatendió a uno de sus agremiados, Radio Monitor, por ser una emisora pequeña. Aquí lo que importante es el dinero y no la labor de informar.

Radio EquisY