Por: Gabriel Infante CarrilloTras la falta de acuerdo entre los legisladores encargados de designar a los tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), el jueves, Hector Larios (PAN), presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció que las negociaciones se suspenden hasta febrero próximo. El día siguiente, Luis Carlos Ugalde, renunció bajo el argumento de que a diferencia de los diputados, él sí respetará la reforma constitucional que establece plazos para su salida. Sin embargo, Hector Larios, confirmó el mismo jueves, que el artículo cuarto transitorio de la reforma electoral, preveía escenarios de este tipo, por lo que permite que el actual Consejo Electoral continué con sus labores hasta que la Cámara de Diputados tome una decisión final.
En su discurso del viernes, Luis Carlos Ugalde afirmó tajantemente lo siguiente: “La alta responsabilidad que asumí hace cuatro años como consejero presidente debe concluir, en congruencia con los plazos constitucionales que el Congreso decidió y aprobó. Además, el principio de certeza y legalidad que debe guiar las acciones del consejero presidente del IFE me impiden continuar en el cargo”.
Su discurso es contradictorio por no decir convenenciero, él exige “certeza y legalidad” para continuar en el cargo, pero él no veló ni garantizó la certeza y la legalidad en el proceso electoral del año pasado, tan es así, que hoy en día a más de un año de la cuestionada elección, la sociedad mexicana está polarizada; 42% de los mexicanos aún creen que hubo un fraude, según una encuesta que John M. Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, menciona en su ensayo “Los Límites de la Transparencia: el caso de las boletas electorales”, y que fue censurado por el comité editorial del Instituto Federal de Acceso a la información (IFAI); se estableció un gobierno alterno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que para algunos consideran una payasada por parte del ex candidato a la presidencia, pero es una realidad que ahí está y que no podemos tapar con un dedo. Todo esto se pudo evitar sí el IFE hubiera actuado con independencia y sobre todo en velar los intereses de los ciudadanos y del país. El ex Consejero Presidente criticó la falta de respeto de los legisladores por no haber nombrado a los tres primeros nuevos consejeros del instituto en el plazo establecido, asimismo declaró en su discurso del viernes que: “Ya es hora de colocar el interés de los ciudadanos primero, ya es hora de pensar en el beneficio del País, y dejar a lado el interés de grupo”. Esto lo debió haber llevado acabo durante todo el proceso electoral, y no lo hizo.
Desde que se aprobó la nueva reforma electoral, en la que incluye la remoción escalonada de los actuales consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde tomo una actitud caprichosa, culpando y reprochando a los legisladores y a los partidos, por su eminente destitución adelantada. En ningún momento ha querido aceptar sus errores y que su desempeño como máximo titular del principal organismo encargado de organizar las elecciones e impulsar la participación cívica y la democracia en nuestro país, no fue la mejor.
La decisión de remover a los actuales consejeros electorales, a mi modo de ver, no fue algo que surgiera de los propios partidos, sino fue el reclamo de los ciudadanos. Tras la crisis post- electoral, la credibilidad y confiabilidad del IFE fue para bajo, por lo que mantener a los mismos consejeros para las futuras elecciones ¿qué garantía tendrá el ciudadano de un procesos transparente?
La inesperada renuncia de Luis Carlos Ugalde, pareciera que su intención era poner en jaque la estabilidad del propio instituto con el objetivo de responsabilizar a los legisladores. Los consejeros electorales restantes también intentaron aparentar que se produjo una crisis dentro del instituto, al reunirse el sábado en calidad de “urgente” para designar al Consejero Presidente interino, lo cual no fue el tema central de la reunión, sino otros temas de la agenda, por lo que lo aplazaron para el domingo a las 11 de la mañana y tras nueve horas de debate, designaron a Andrés Albo.
Evidentemente la renuncia de Ugalde tuvo más implicación política que “colocar el interés del ciudadano y del país”. Nombrar a los nuevos consejeros no va ser una tarea fácil, es un hecho que las tres principales fuerzas políticas quieren un IFE a su modo, por lo que están cayendo en el mismo error que en el 2003. Es necesario pensar en otros mecanismos para seleccionar y designar a los futuros consejeros, que no sea a través de los partidos, para que este organismo sea verdaderamente independiente y ciudadano.
EquisY RadioSu discurso es contradictorio por no decir convenenciero, él exige “certeza y legalidad” para continuar en el cargo, pero él no veló ni garantizó la certeza y la legalidad en el proceso electoral del año pasado, tan es así, que hoy en día a más de un año de la cuestionada elección, la sociedad mexicana está polarizada; 42% de los mexicanos aún creen que hubo un fraude, según una encuesta que John M. Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, menciona en su ensayo “Los Límites de la Transparencia: el caso de las boletas electorales”, y que fue censurado por el comité editorial del Instituto Federal de Acceso a la información (IFAI); se estableció un gobierno alterno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que para algunos consideran una payasada por parte del ex candidato a la presidencia, pero es una realidad que ahí está y que no podemos tapar con un dedo. Todo esto se pudo evitar sí el IFE hubiera actuado con independencia y sobre todo en velar los intereses de los ciudadanos y del país. El ex Consejero Presidente criticó la falta de respeto de los legisladores por no haber nombrado a los tres primeros nuevos consejeros del instituto en el plazo establecido, asimismo declaró en su discurso del viernes que: “Ya es hora de colocar el interés de los ciudadanos primero, ya es hora de pensar en el beneficio del País, y dejar a lado el interés de grupo”. Esto lo debió haber llevado acabo durante todo el proceso electoral, y no lo hizo.
Desde que se aprobó la nueva reforma electoral, en la que incluye la remoción escalonada de los actuales consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde tomo una actitud caprichosa, culpando y reprochando a los legisladores y a los partidos, por su eminente destitución adelantada. En ningún momento ha querido aceptar sus errores y que su desempeño como máximo titular del principal organismo encargado de organizar las elecciones e impulsar la participación cívica y la democracia en nuestro país, no fue la mejor.
La decisión de remover a los actuales consejeros electorales, a mi modo de ver, no fue algo que surgiera de los propios partidos, sino fue el reclamo de los ciudadanos. Tras la crisis post- electoral, la credibilidad y confiabilidad del IFE fue para bajo, por lo que mantener a los mismos consejeros para las futuras elecciones ¿qué garantía tendrá el ciudadano de un procesos transparente?
La inesperada renuncia de Luis Carlos Ugalde, pareciera que su intención era poner en jaque la estabilidad del propio instituto con el objetivo de responsabilizar a los legisladores. Los consejeros electorales restantes también intentaron aparentar que se produjo una crisis dentro del instituto, al reunirse el sábado en calidad de “urgente” para designar al Consejero Presidente interino, lo cual no fue el tema central de la reunión, sino otros temas de la agenda, por lo que lo aplazaron para el domingo a las 11 de la mañana y tras nueve horas de debate, designaron a Andrés Albo.
Evidentemente la renuncia de Ugalde tuvo más implicación política que “colocar el interés del ciudadano y del país”. Nombrar a los nuevos consejeros no va ser una tarea fácil, es un hecho que las tres principales fuerzas políticas quieren un IFE a su modo, por lo que están cayendo en el mismo error que en el 2003. Es necesario pensar en otros mecanismos para seleccionar y designar a los futuros consejeros, que no sea a través de los partidos, para que este organismo sea verdaderamente independiente y ciudadano.
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