¿Retroceso de nuestra democracia?
Por: Gabriel Infante Carrillo
Hace algunos meses el Dr. Sergio Aguayo Quezada, académico del Colegio de México, me dijo en entrevista que no íbamos a ver el procesos electoral con la certidumbre de que vayan hacer confiables o pacíficas. No solamente por los conflictos que hubo al interior de los partidos, sino por las dudas que existían sobre hasta dónde estaban dispuestos llegar los partidos para ganar las elecciones, y otra segunda fuente de incertidumbre según él, era sí el Instituto Federal Electoral tendría la capacidad de garantizar equidad en las elecciones.
Los temores del Dr. Aguayo fueron validas, pues todos los mexicanos presenciamos un proceso electoral, que aún no ha concluido, cargado de muchos ataques verbales, acusaciones y difamaciones. Los partidos políticos han despilfarrado nuestro dinero en los medios de comunicación, en especial los electrónicos, para inducir nuestro voto, generar miedo entre la sociedad y dejando en segundo plano las propuestas.
Con el triunfo de Vicente Fox se gritó a los cuatro vientos que la democracia había llegado finalmente a México con la caída del Partido Revolucionario Institucional, y que finalmente hubo una transición de régimen que se dio de forma pacífica y sin las acostumbradas crisis económicas. Se le aplaudió a la sociedad mexicana por haber salido a ejercer su derecho que tanto tiempo se les negó o sencillamente no se les respetaba su voto.
Con la llegada al poder de un partido distinto en el que prometía un cambio sustancial y que se combatirían las viejas prácticas del partido caído, llenó de esperanza a muchos mexicanos de que las cosas ahora sí iban a cambiar. Sin embargo, esto quedó sólo en palabras y a lo largo del sexenio los hechos demostraron lo contrario. Las empresas de la familia Fox en quiebra al inicio de su sexenio, que en poco tiempo resultaron ser empresas prosperas; el hijo mayor de la primera dama, Manuel Brisbiesca, de no ser nadie en el mundo empresarial, resulta ser de la noche a la mañana un prominente empresario de la construcción con la posibilidad de adquirir un jet privado valuado en un millón de dólares; la aparición repentina de un rancho propiedad del presidente, intolerancia hacia la prensa crítica: casos muy conocidos es la demanda de la primera dama contra el semanario Proceso y la periodista argentina Olga Wornat y la lamentable ratificación de la “nueva” Ley de Radio y Televisión, que no es más que legalizar lo que los gobiernos priístas hacían para ejercer presión y controlar a las grandes empresas de comunicación.
Es claro, que un mal gobierno no es razón para pensar que la democracia corre peligro, pero que el jefe del ejecutivo intervenga o meta mano en el proceso electoral para favorecer a un candidato y en especial el de su partido, es moralmente incorrecto y jurídicamente ilegal.
El hecho de que el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, le pida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) que cuente voto por voto, ya que considera que no se cumplió los principios constitucionales: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; es el resultado de la desconfianza que generó las intervenciones del gobierno federal y del presidente, empezando por el desafuero; desvío de recursos de programas sociales federales a la campaña de Felipe Calderón; mensajes proselitistas a favor del candidato de su partido. De igual manera, la actitud pasiva del arbitrio electoral, ante las ilegalidades que estaba cometiendo el Partido Acción Nacional contra su más cercano adversario; el Consejo de Coordinación Empresarial y muchas otras empresas haciendo proselitismo a favor del candidato de la derecha. Todo esto hace pensar a los quince millones de mexicanos que refrendaron su respaldo al candidato del PRD en las urnas el dos de julio, de que existe un posible fraude y que el gobierno federal y la derecha harán todo lo que tengan en su poder para que el candidato de la izquierda no llegue a la presidencia. ¿A esto le podemos llamar democracia? ¿Este es el tipo de democracia que México se merece?
Lo cierto es, que la conclusión de este proceso electoral definirá el futuro de la democracia mexicana. Independientemente de los candidatos y de los partidos, la sociedad juega un papel fundamental en estos momentos cruciales en que nuestra democracia anda en la cuerda floja. Es por eso, que ésta no debe polarizarse, sino más bien, una sociedad verdaderamente demócrata debe unirse y exigirles a las autoridades electorales que transparenten el proceso electoral y eliminen cualquier duda de quién es el verdadero ganador. Sin embargo, tristemente todo el proceso electoral ha carecido de los principios democráticos.
Por: Gabriel Infante Carrillo
Hace algunos meses el Dr. Sergio Aguayo Quezada, académico del Colegio de México, me dijo en entrevista que no íbamos a ver el procesos electoral con la certidumbre de que vayan hacer confiables o pacíficas. No solamente por los conflictos que hubo al interior de los partidos, sino por las dudas que existían sobre hasta dónde estaban dispuestos llegar los partidos para ganar las elecciones, y otra segunda fuente de incertidumbre según él, era sí el Instituto Federal Electoral tendría la capacidad de garantizar equidad en las elecciones.
Los temores del Dr. Aguayo fueron validas, pues todos los mexicanos presenciamos un proceso electoral, que aún no ha concluido, cargado de muchos ataques verbales, acusaciones y difamaciones. Los partidos políticos han despilfarrado nuestro dinero en los medios de comunicación, en especial los electrónicos, para inducir nuestro voto, generar miedo entre la sociedad y dejando en segundo plano las propuestas.
Con el triunfo de Vicente Fox se gritó a los cuatro vientos que la democracia había llegado finalmente a México con la caída del Partido Revolucionario Institucional, y que finalmente hubo una transición de régimen que se dio de forma pacífica y sin las acostumbradas crisis económicas. Se le aplaudió a la sociedad mexicana por haber salido a ejercer su derecho que tanto tiempo se les negó o sencillamente no se les respetaba su voto.
Con la llegada al poder de un partido distinto en el que prometía un cambio sustancial y que se combatirían las viejas prácticas del partido caído, llenó de esperanza a muchos mexicanos de que las cosas ahora sí iban a cambiar. Sin embargo, esto quedó sólo en palabras y a lo largo del sexenio los hechos demostraron lo contrario. Las empresas de la familia Fox en quiebra al inicio de su sexenio, que en poco tiempo resultaron ser empresas prosperas; el hijo mayor de la primera dama, Manuel Brisbiesca, de no ser nadie en el mundo empresarial, resulta ser de la noche a la mañana un prominente empresario de la construcción con la posibilidad de adquirir un jet privado valuado en un millón de dólares; la aparición repentina de un rancho propiedad del presidente, intolerancia hacia la prensa crítica: casos muy conocidos es la demanda de la primera dama contra el semanario Proceso y la periodista argentina Olga Wornat y la lamentable ratificación de la “nueva” Ley de Radio y Televisión, que no es más que legalizar lo que los gobiernos priístas hacían para ejercer presión y controlar a las grandes empresas de comunicación.
Es claro, que un mal gobierno no es razón para pensar que la democracia corre peligro, pero que el jefe del ejecutivo intervenga o meta mano en el proceso electoral para favorecer a un candidato y en especial el de su partido, es moralmente incorrecto y jurídicamente ilegal.
El hecho de que el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, le pida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) que cuente voto por voto, ya que considera que no se cumplió los principios constitucionales: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; es el resultado de la desconfianza que generó las intervenciones del gobierno federal y del presidente, empezando por el desafuero; desvío de recursos de programas sociales federales a la campaña de Felipe Calderón; mensajes proselitistas a favor del candidato de su partido. De igual manera, la actitud pasiva del arbitrio electoral, ante las ilegalidades que estaba cometiendo el Partido Acción Nacional contra su más cercano adversario; el Consejo de Coordinación Empresarial y muchas otras empresas haciendo proselitismo a favor del candidato de la derecha. Todo esto hace pensar a los quince millones de mexicanos que refrendaron su respaldo al candidato del PRD en las urnas el dos de julio, de que existe un posible fraude y que el gobierno federal y la derecha harán todo lo que tengan en su poder para que el candidato de la izquierda no llegue a la presidencia. ¿A esto le podemos llamar democracia? ¿Este es el tipo de democracia que México se merece?
Lo cierto es, que la conclusión de este proceso electoral definirá el futuro de la democracia mexicana. Independientemente de los candidatos y de los partidos, la sociedad juega un papel fundamental en estos momentos cruciales en que nuestra democracia anda en la cuerda floja. Es por eso, que ésta no debe polarizarse, sino más bien, una sociedad verdaderamente demócrata debe unirse y exigirles a las autoridades electorales que transparenten el proceso electoral y eliminen cualquier duda de quién es el verdadero ganador. Sin embargo, tristemente todo el proceso electoral ha carecido de los principios democráticos.
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