Por: Gabriel Infante CarrilloContribución Blogger Unite for Human Rights
Publicado originalmente en inglés el 15 de mayo de 2008
Gobiernos mexicanos, autoridades y políticos en general nos han estado diciendo por años que México es un país democrático, institucional, de estado de derecho y soberano, pero cuando tiene que ver con asuntos de derechos humanos, México parece estar muy lejos de llegar hacer un verdadero estado democrático.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos caro y deficiente
En años recientes, los derechos humanos en México ha sido puesta en duda por varios ONGs como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, por mencionar algunos. Por ejemplo, Human Rights Watch ha denunciado y señalado en varias oportunidades la ineficiencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para resolver y dar seguimiento a los casos en procesos judiciales. El más reciente reporte de HRW sobre México, señala que el limitado impacto y el pobre desempeño de la CNDH no se debe por falta de presupuesto, por el contrario, el presupuesto para este año es de $78 millones de dólares y cuenta con mil empleados, por lo que la hace la institución de derechos humanos más grande de América Latina. De acuerdo con Human Rights Watch, la CNDH ha limitado su deber a sólo documentar e identificar los abusos, pero no ha tomado ninguna acción para generar algún cambio en esta materia.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos desacreditó el informe de Human Rights Watch, argumentando que han identificado “48 mentiras o errores”, por lo cual la ONG considera que la reacción negativa por parte de la CNDH hacia el informe lastima su propia credibilidad.
En muchos de los casos documentados por la CNDH no han sido resueltos a favor de las víctimas o sencillamente han sido archivadas y dejadas en el olvido. Uno de estos casos son los asesinatos de maquiladoras mejor conocidas como las “Muertas de Juárez”, ya que estos crímenes se cometieron en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Por más de una década estos crímenes no ha sido resueltas y la justicia demandada por los familiares aún no ha llegado.
Con la llamada “Guerra contra el crimen organizado” implementado por el gobierno de Felipe Calderón al inicio de su sexenio, y cuyo propósito principal es luchar frente a frente con los cárteles de droga, en la cual en mi opinión, esto no ha dado ningún resultado positivo, por el contrario, esto ha traído un notable incremento de violencia en el país, la cual favorece a que se cometan violaciones contra los derechos humanos, y que de hecho las habido. Uno de estos casos es la de Ernestina Ascenscio Rosario, una mujer indígena de 73 años, muere después de que “presuntamente” cuatro elementos del ejército mexicano la violaron en una pequeña comunidad en la Sierra de Zongolica en el Estado de Veracruz. El informe forense detalla que la mujer fallece por una fractura de cráneo, hemorragia interna y sangrado anal causada por una penetración múltiple. Después de lo ocurrido, tres mil habitantes de la comunidad náhualt, dónde era nativa Ernestina, exigieron al gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, que castigue a los culpables de este crimen y que retiren al ejército acampadas en diferentes puntos de la Sierra de Zongolica. Como es típico de la forma que se imparte justicia en México, el caso estuvo lleno de contradicciones, corrupción y abuso de poder. Al final el caso fue cerrado y el veredicto final fue que ella ni fue violada ni asesinada y que su muerte se debió a una infección gastrointestinal que causó el sangrado en la zona pélvica, a pesar de las evidencias contundentes.
México y la libertad de prensa
Otras violaciones de derechos humanos que ido en incremento en México en los últimos años tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de prensa y que desafortunadamente la opinión pública mexicana no esta conciente de la magnitud de ésta, a pesar de que ONGs internacionales, como Reporteros Sin Fronteras ha documentado, le ha dado seguimiento y denunciado a las autoridades mexicanas de hacer justicia y no dejar impune las agresiones y asesinatos de periodistas, y que ponga un fin a esta practica anti-democrática.
Las razones del porque la opinión pública mexicana sabe poco de esta situación, se debe en mi punto de vista, que los medios de comunicación no le ha dado la suficiente atención a este tema; segundo hay muy poca prensa escrita que han publicado reportajes y artículos extensos sobre este tema; desafortunadamente México no es un país de lectores.
En los dos últimos años Reporteros Sin Fronteras ha clasificado a México como uno de los países más peligrosos para los periodistas seguido por Irak y sólo en América Latina, México es penúltimo lugar seguido por Cuba. Esto puede parecer exagerado para muchos, pero el ranking fue determinado por el número de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas. Muchos de estos crímenes son atribuidos a los cárteles de droga, pero también por autoridades estatales y federales.
A finales del sexenio de Vicente Fox, salio a la luz pública el caso de la periodista Lydia Cacho, que fue detenida en Cancún y llevada al Estado de Puebla, de forma inhumana, violentando sus derechos y garantías individuales. Esto obviamente fue una detención ilegal, ya que el arresto fue ordenado por el gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, y siendo México una República Federal, todos los treinta y un estados y una ciudad capital son libres y soberanos, lo cual significa que ninguna autoridad de gobierno de otra entidad puede detener alguien en su territorio. La detención fue debido a la publicación del libro de la periodista “Los demonios del Eden: El poder de proteger la pornografía infantil” En dicha obra, la periodista menciona en varias ocasiones al “prestigioso” empresario textil de origen libanés, Kamel Nacif, que tenía vínculos con una poderosa red de prostitución y pornografía infantil, liderada por Jean Surcar Kuri, ex empresario de hoteles en Cancún. Las contundentes evidencias de los abusos y la detención ilegal de la periodista fue una conversación telefónica entre Kamel Nacif y el gobernador del Estado de Puebla, y que fue difundida en el espacio radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, pero la Suprema Corte de Justicia cerró el caso por considerarlas insuficientes.
Hace una semana en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, tres periodistas del diario local “El Debate” fueron agredidos por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), mientras cubrían uno de los tantos operativos de vigilancia en la ciudad desde que inició la “guerra contra el crimen organizado”. Uno de los periodistas fue torturado a punta de pistola y con un lenguaje soez por varios minutos. Una vez que fue dejado suelto, varias patrullas de la PFP sitiaron las sede del periódico alrededor de una hora.
Otro caso reciente fue el asesinato de Teresa Bautista Merino y Felícista Martínez Sánchez, dos periodistas y locutoras indígenas de la radio comunitaria llamada “La voz que rompe el silencio” , que ocurrió en la municipalidad de Putla de Guerrero en el estado de Oaxaca el 7 de abril de 2008. Con este caso se hace evidente la nula disposición del gobierno de combatir y poner un fin a las agresiones y crímenes contra la prensa y los periodistas. En la edición del 4 de mayo del semanario “Proceso” el columnista y periodista, Álvaro Delgado, narra una reunión que tuvo lugar el 21 de abril de 2008 entre Aleída Calleja, vice-presidente de la Asociación Mundial de Radio Comunitaria (AMARC) y Juan de Dios Castro, Sub Procurador federal de Derechos Humanos y Atención a las victimas, en el que declaró a Aleída Calleja como “Enemiga del Estado” en presencia de las misiones internacionales de derechos humanos tales como Reporteros Sin Fronteras, Instituto Internacional de Prensa, Rory Peck Trust, Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, UNESCO y la Internacional Media Support.
En la reunión, el Sub Procurador Federal desacredita el asesinatos de las dos periodista indígenas, al decir que ni siquiera eran periodistas sino simples amas de casa. De acuerdo con Callejas y la información recabada por AMARC, las dos periodistas fueron asesinadas como resultado de sus denuncias hechas sobre violaciones y agresiones contra mujeres y también por hablar de la autonomía municipal.
En esa misma reunión, la misión internacional, cuestionó al Sub Procurador sobre la situación en general sobre la libertad de prensa en México, lo cual lo negó y respondió diciendo que la situación no es tan sería y preguntando en un modo muy hostil a Sahara de Jong, representante del Instituto Internacional de Seguridad de Prensa, si ella tiene elementos para asegurar que en México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, y luego preguntó a la misión internacional de derechos humanos, sobre lo que piensan de la libertad de prensa en Cuba.
La situación actual en derechos humanos en México es realmente preocupante y parece que el “gobierno de transición” en el año 2000, del régimen del Partido Revolucionario Institucional, que duró más de 70 años, donde los abusos de los derechos humanos era el orden del día — por ejemplo el movimiento estudiantil de 1968, que término en masacre y en una carnicería — al Partido Acción Nacional, no habido realmente mucho cambio.
Cómo pueden ver, en este artículo es un vistazo breve del actual panorama de los derechos humanos en este país. Hay decenas de casos sobre abusos a los derechos humanos, que me es imposible mencionar todos en este artículo, pero espero que los casos que expuse abran los ojos del mundo y vean que la democracia mexicana es una gran hipocresía.
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