“De acuerdo con la declaración judicial de la Srta. Cassez, durante las horas de su detención ilegal y antes de haber sido ejecutado el operativo falso de la Agencia Federal de Investigación para los medios de comunicación; ella afirma que fue maltratada, humillada y denigrada con lenguaje sexualmente obsceno.”Por: Gabriel Infante Carrillo
En los últimos días, hechos relacionados con la justicia mexicana han figurado en primeras planas y principales titulares en los medios de comunicación mexicanos. Primero estuvimos conmocionados después de ver un video grabado con un teléfono móvil y subido a Youtube, de cinco adolescentes siendo torturados y vejados después de haber sido sorprendidos robando una casa en Tepic, la capital del estado de Nayarit. Luego Juchitepec, un pueblo rural en el Estado de México, una enfurecida muchedumbre detuvo e intentaron linchar a cuatro presuntos secuestradores. Pero lo que trajo más la atención de los medios de comunicación fue el anunció prematuro de Mauricio Fernández Garza, el nuevo alcalde del municipio más rico del país, San Pedro Garza García — localizada en las afueras de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León — del asesinato en la Ciudad de México de Héctor “El Negro” Saldaña, un narcotraficante y secuestrador. Asimismo señaló que tomará acciones legales fuera de su competencia para combatir al crimen organizado dentro de su municipio, creando un tipo de grupo paramilitar. Esto generó un enorme escándalo entre funcionarios de gobierno al igual dentro de su propio partido, el partido de poder: Acción Nacional (PAN). Su presidente y congresista, Cesar Nava, señaló que: “No podemos combatir la ilegalidad con la ilegalidad”.
La declaración de Cesar Nava, me remite al caso de Florence Cassez; la mujer francesa acusada de secuestro y sentenciada a 60 años en prisión, y que se convirtió en un debate nacional a raíz de la primera visita oficial del primer mandatario francés, Nicolás Sarkozy, el pasado mes de marzo. Durante los días previos a su llegada con la primera dama, Carla Bruni, la sociedad mexicana, impulsada por organizaciones civiles condenaron a Florence Cassez y desacreditaron por completo su lado de la historia, sin ni siquiera cuestionar tantito los errores y contradicciones en el proceso judicial. Empezando con la forma en que ella fue detenida y secuestrada en lugar de llevarla a la Procuraduria General de la República para dar inició con el proceso judicial que marca la ley. De acuerdo con la declaración judicial de la Srta. Cassez, durante las horas de su detención ilegal y antes de haber sido ejecutada el operativo falso de la Agencia Federal de Investigación para los medios de comunicación; ella afirma que fue maltratada, humillada y denigrada con lenguaje sexualmente obsceno. Hasta donde tengo conocimiento, esto jamás fue investigado. No tenemos que ser expertos en justicia penal, para llegar a la conclusión de que la policía federal cometió una serie de crimines y que actuaron fuera de la ley. Como lo veo, este caso de ninguna manera fue un juicio justo ni un asunto para hacer justicia, fue claramente un tema político. Por un lado, el presidente Sarkozy tenía la esperanza de negociar con el gobierno mexicano para transferir a Florence Cassez a una prisión francesa. Por otro lado, el presidente Calderón estaba siendo presionado por Isabel Miranda de Wallece, una activista en pro de victimas del secuestro y principal detractora de Florence Cassez, y además el país estaba a pocos meses de iniciar las campañas de las elecciones intermedias. Si él hubiera aceptado transferir a la Srta. Cassez o incluso empezar a negociar con el presidente Sarkozy, esto hubiera puesto definitivamente en mayor dificultad su presidencia, en medio de una sociedad cansada por la falta de resultados en los asuntos más urgentes del país, en especial en seguridad, el cual es un tema sumamente sensible.
La declaración de Cesar Nava contradice completamente con la forma que el gobierno hace cumplir la ley. En mi punto de vista, la declaración fue para reafirmar “el falso discurso” gubernamental a la sociedad, que México es un país de estado de derecho, y sobre todo para no mostrar debilidad ante los ojos de sus detractores, quienes consideran que el gobierno ha sido revasado por el crimen organizado.
Recientemente, Margarita Zavala, la primera dama, declaró que “ el miedo de la sociedad alimenta la impunidad y no permite que actué la autoridad”. En otras palabras, mientras que la sociedad no denuncie, la autoridad no puede combatir al crimen. Esto reafirma que los mexicanos no sólo desconfían de las autoridades, pero también le temen; pero en los ojos de la primera dama, los ciudadanos son los culpables por el incremento de la violencia y de la criminalidad en el país. Mientras que el gobierno no se de cuenta de que ellos son el problema, la injusticia y la violación de derechos humanos prevalecerán, y más casos como el de Florence Cassez o que la sociedad tome la justicia por mano propia, serán más comunes en un México, que cada vez más crece el malestar social.
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